*Pedro de León Mojarro
*Pedro de León Mojarro

“…la seguridad pública, es una función a cargo de

la federación, los estados y los municipios, tiene como

fines … preservar las libertades, el orden y la paz públicos”.

Art. 2 de la Constitución

 

El atentado al director de seguridad Omar García Harfuch, en la Ciudad de México, corazón del gobierno de la 4T debe entenderse como lo que es: una provocación flagrante a la autoridad y al estado de derecho, que debe tener respuesta.

La crisis del coronavirus se convirtió en prioridad, dada su magnitud de contagio y avance en el mundo entero; no obstante, en el caso de nuestro país y particularmente de Zacatecas, la inseguridad es más grave que el coronavirus.

En Zacatecas, al día de ayer, el número de fallecidos era poco más de 100, cantidad alta, por tratarse de vidas humanas.

Sin embargo, son más graves los 500 homicidios de enero a junio, esto es una relación de 5 a 1 respecto a los fallecimientos por COVID–19. De ahí que lo más alarmante en nuestro estado es literalmente la Pandemia de la Inseguridad.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, 9 de cada 10 homicidios son por la disputa entre los carteles del narcotráfico, muestra del desgobierno que se vive en materia de Seguridad.

El gobierno del estado y los municipales, frente a la operación de los carteles, a lo más que se dedican es a “dejar hacer, dejar pasar”; los cobros de piso y de cuota a empresarios, comerciantes y productores rurales son tan normales como el cobro del impuesto predial.

El gobierno del estado en materia de seguridad va a la deriva, sin una estrategia clara para negociar hacia arriba con la federación y hacia abajo con los municipios.

Lamentablemente, la guardia nacional no se ha visto ni se ha sentido; la coordinación entre la federación, el estado y municipios, es inexistente.

Perdidos en lo cotidiano, el estado y los municipios, no asumen el problema de la inseguridad en la magnitud de lo que es; no son sólo homicidios, se daña a la economía y por supuesto se afecta gravemente la sana convivencia, las drogas acaban con las neuronas de nuestros jóvenes y niños.

Ante lo delicado de la situación en materia de seguridad, se vuelve imperativo centralizar la estrategia y las decisiones del gobierno federal a los estados y de los estados a los municipios para poder avanzar en un mando y estrategia única a la que los grupos delictivos, le guarden respeto, se imponga el estado de derecho, el respeto y la añorada paz que todos deseamos.

Las tres grandes crisis: de seguridad, de salud y de empleo, hoy más que nunca exigen verlas como asuntos de Seguridad Nacional, en donde las ideologías y los intereses partidarios pasen a un segundo plano, para poner por delante el Acuerdo Nacional en estas tareas.

La decisión corresponde al gobierno federal, pero no es limitante para que municipios y estados asuman la elemental responsabilidad que la Constitución les otorga, para que elaboren y presenten su estrategia local y estatal sobre cómo enfrentar a los grupos delictivos, con autoridad, apego a la legalidad y sin tregua alguna para quien atente contra el estado de derecho.

*Coordinador Estatal del Movimiento Nacional Ruta 5

 


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