CLAUDIO MONTES DE OCA Y ALBERTO MORONES/NTRZACATECAS.COM
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La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aceptó su responsabilidad y errores cometidos en el caso de una reclusa que sufrió ataques sexuales de parte de un custodio, en la cárcel distrital de Calera de Víctor Rosales.

Luego de que la noticia trascendiera a nivel nacional, este jueves se informó que el presunto responsable está prófugo y se aclararon detalles de los hechos, como que el centro penitenciario donde fue internada la víctima es mixto y no sólo para hombres, además de que estaba aislada.

También se especificó que la mujer no estuvo en contacto con otros reos, como se difundió, y que, por órdenes del gobernador Alejandro Tello Cristerna, el director de Prevención y Readaptación Social, Adán Jiménez Solano, fue removido de su cargo como consecuencia.

“Sabemos que somos responsables de las personas privadas de su libertad”, aceptó Ismael Camberos Hernández, titular de la SSP, quien admitió que se incumplieron protocolos y “falló un servidor público”, ya que la interna era custodiada por un elemento varón, cuando debió serlo por personal femenino.

Precisó que el celador, acusado de violación equiparada agravada y cuyo nombre no fue revelado para no entorpecer el caso, huyó desde el 15 de noviembre de 2018; la carpeta de investigación, próxima a judicializarse, sigue abierta y a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

El Ministerio Público (MP) fue enterado tras pruebas psicológicas aplicadas a la víctima, a quien se detectó “síndrome de neurosis, ansiedad postraumática” por abuso y hostigamiento sexual; actualmente, se encuentra en el Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) femenil, sujeta a proceso penal.

 

Fallas y responsables

El secretario general de Gobierno, Jehú Salas Dávila, puntualizó que en el caso “hay una falla indudablemente”, así como un “responsable con nombre y apellido que está siendo investigado, del que se tiene identificación plena y en este momento está prófugo”.

“Asumimos también las responsabilidades del gobierno del estado, particularmente desde la Secretaría de Seguridad, de lo que implica la capacitación y vigilancia constante de todos los operadores del sistema penitenciario”, agregó.

Justificó que hace falta adiestramiento para el personal en general, desde guardias, inspectores hasta directores de centros de internamiento, toda vez que recalcó que “el sistema penitenciario es una de las mayores deficiencias del estado”.

Ismael Camberos argumentó que, desde que la denuncia llegó de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se limitaron las cárceles distritales, evitando juntar a mujeres y hombres en estos centros, para salvaguardar la integridad de los reclusos.

Para cumplir con las recomendaciones, fueron trasladadas cinco mujeres más, cuatro que se encontraban en la cárcel de Jerez y una que se ubicaba en Villanueva. Asimismo, se registró a la interna en la Comisión Estatal de Víctimas, para que reciba atención médica y psicológica.

Se dará capacitación al personal de seguridad y custodia en relación a prevención e identificación de abuso sexual, violencia contra las mujeres y discriminación, así como seguir los métodos apropiados en el registro de mujeres.

 

A dos años

La orden de aprehensión de la mujer víctima ocurrió el 21 de agosto de 2018 y fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). El 27 de enero de ese año fue vinculada a proceso y el 14 de septiembre de 2018, el juez de control y tribunal de Enjuiciamiento ordenó su traslado e ingreso al Cerereso Femenil de Cieneguillas, donde actualmente se encuentra sujeta a proceso penal.

El 19 de septiembre de 2018, la víctima interpuso una queja ante la CDHEZ, por violación a su derecho a la integridad personal y sexual, y, el 31 de diciembre de 2019, se recibió la recomendación y se aceptó el 16 de enero de 2020.

La finalidad de integrar los expedientes al caso es que se integre con base en los elementos normativos y jurisprudenciales de la perspectiva de género, se dé celeridad y se resuelva lo que a derecho proceda.

En la rueda de prensa de este jueves estuvieron Adriana Rivero Garza, titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujer), y las fiscales especializadas Fátima Encina Arroyo, en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, y Berenice Vázquez González, en Derechos Humanos. Justificaron que la información no se dio a conocer antes porque la afectado pidió sigilo en el caso.

 

 

Se defiende tribunal

Arturo Nahle García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), negó que el internamiento de una mujer en la cárcel distrital de Calera de Víctor Rosales, donde fue abusada sexualmente, fuera responsabilidad del Poder Judicial, sino que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), del gobierno del estado.

“Cuando un juez ordena la prisión preventiva de un imputado o cuando dicta una sentencia condenatoria en contra de un imputado, el juez pone a disposición a esa persona de la Dirección de Prevención y Reinserción Social de gobierno del estado, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública”, expuso.

Insistió en que, una vez que la SSP los recluye, el Poder Judicial no sabe “dónde, en qué lugar, en qué condiciones se hace, porque la responsabilidad de custodiar a una persona sobre la que pesa una pena privativa de libertad es de la Dirección de Prevención y Reinserción Social”.

Nahle García resaltó que la dependencia estatal incumplió al permitir que una mujer estuviera recluida vigilada por hombres. “Los establecimientos penitenciarios no se mandan solos, hay una ley que regula y es muy clara: dice que no se puede tener en el mismo espacio a los hombres y a las mujeres”, enfatizó.

Argumentó que no se puede revelar el nombre de la jueza que atendió el caso y dictó la sentencia; sin embargo, defendió que “actuó correctamente”.

“Tres semanas después de que (la interna) quedó recluida en Calera, el defensor pidió autorización a la jueza para que fuera trasladada al Cerereso de Cieneguillas en Zacatecas. El mismo día que solicitó el traslado lo autorizó la jueza. Eso de que se tardó tres semanas por el papeleo es falso. El mismo día que el defensor pidió el traslado, el mismo día se autorizó. No hubo retraso”, precisó.

El magistrado enfatizó que “quien responsabilice al Poder Judicial de lo que pasa dentro de un Cerereso, desconoce que las cárceles no dependen del Poder Judicial”.

En 2018, la FGJE judicializó una investigación relacionada con un secuestro agravado, donde la ahora víctima fue imputada como autora de ese delito; en la audiencia inicial, en septiembre de 2018, se le vinculó a proceso.

De manera oficiosa se debe decretar la prisión preventiva como manera cautelar al tratarse de un delito grave, de tal suerte que en esa fecha se cumplió y quedó vinculada, por lo que fue puesta a disposición de la Dirección de Prevención y Reinserción Social para ser recluida.

 

Sistema deficiente

La salida de Adán Jiménez de la Dirección de Prevención y Readaptación Social es el segundo cambio trascendente en lo que va de este año en el sistema penitenciario estatal; el 17 de febrero se nombrará a un sustituto.

Esto luego de que el 3 de enero fuera removido Antonio Solís Álvarez como titular del Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) de Cieneguillas, por las riñas de fin de 2019 e inicio de 2020 que dejaron 17 reos muertos y 10 heridos.

Actualmente, el ex director trabaja en el área administrativa del penal de Fresnillo. “Continúa sujeto a la investigación por hechos registrados a principios del año y creemos que es mejor tenerlo a la vista, a que se fugue”, explicó Ismael Camberos.

A finales de enero, los custodios del centro de internamiento de Cieneguillas exigieron garantías de seguridad y mejores condiciones de trabajo, luego de que uno de sus compañeros fuera privado de su libertad para enviar mensajes a las autoridades sobre las medidas implementadas en la penitenciaría.

Otro hecho ocurrido este año fue la fuga de un reo de la cárcel distrital de Tlaltenango, a principios de febrero; aunque fue recapturado, los hechos originaron otra investigación, en la que el director y un custodio están involucrados.

Después, el 9 de febrero de 2020, la CDHEZ recomendó a la SSP la contratación de más personal penitenciario. Esta misma semana, Camberos Hernández informó que al menos siete policías estatales dejaron sus labores por temor a ataques y reconoció que existe sobrepoblación en el Cerereso femenil.

La SSP ha insistido en la urgencia de cerrar cárceles distritales que incumplen las normas. Actualmente hay 13, aunque son 18 distritos en el estado; tres están certificadas ante instancias internacionales, pero otras son “muy dispares” y carecen de elementos y áreas esenciales, como salud y trabajo para los internos.

 


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